Riesgo para las democracias

Por Felipe Casabianca – Guatemala

Los países de Centroamérica están inmersos en crisis sociales y políticas, debido a la fragilidad de sus democracias y a la ausencia de verdaderas políticas de estado. 

Persisten en la región centroamericana enormes rezagos en muchas áreas de desarrollo humano, acompañados por la endémica desigualdad económica y social. La inseguridad y la pobreza hace aún más angustiante el día a día de enormes sectores de la población, provocando que millones de centroamericanos emigran para encontrar fuera de sus países las oportunidades de superación. Otro síntoma alarmante es el irrespeto de la institucionalidad de parte de algunos gobernantes y la corrupción que desangra al Estado, con lo cual algunos países se están viendo sometido a régimen que de democracia le queda muy poco.

Guatemala vive esta situación de un modo dramático en medio de un proceso de elecciones generales, realizadas el pasado 25 de junio y cuyos resultados han dado cuenta del inesperado triunfo, relativo, de un joven partido emergente, Semillas.

Impugnaciones y denuncias han frenado el recuento de votos y retrasado la oficialización de los resultados. En verdad muy poca cosa a comparación de las irregularidades previas al día de las votaciones, según el lapidario informe de los Observadores de la Unión Europea: “Controvertidas decisiones del Tribunal Supremo Electoral (TSE), del poder judicial y de la Corte de Constitucionalidad (CC) condujeron a un número sin precedentes de candidatos y listas excluidas, limitando el derecho a ser elegido de algunos participantes, considerándole además que redujeron la competencia real”. 

s preferencias de los electores fueron para Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza, de centro izquierda, con el 15,7% de votos, y en segundo lugar para Bernardo Arévalo del Partido Semillas, de izquierda, con el 11,8% . Estos números, oficializados con notable retraso el 13 de julio, pareció tranquilizar a la población. 

Pero apenas se habían iniciados las acciones de obstrucción de los inconformes. Estos tienen como ariete al Ministerio Publico, orientado claramente al boicot del candidato de Semillas a quien se le comenzó a acusar de irregularidades en la inscripción del partido en 2017. A nadie en Guatemala se le escapa la fobia hacia todas orientaciones políticas de izquierda. Llama la atención a que grado escalan los temores y cuantos prejuicios juegan en las valoraciones de algunos sectores dirigentes del país y de la población a la hora de considerar viable el ascenso de un partido de izquierda. A ello se le suma que el partido Semillas es el que con más claridad se ha pronunciado sobre la necesidad de sanear las instituciones del Estado, a todas luces cooptada por grupos de intereses económicos vinculados o emparentados con diputados y funcionarios. Estos avizoran un escenario adverso a sus intereses.

Una presidencia de Arévalo podría provocar el rompimiento del contubernio para la obtención de jugosos contratos de obras públicas. En el actual escenario la corrupción campea cómodamente y a sus actores no les hace ninguna gracia pensar en un final de ese negocio.

De ahí el encarnizado embate por la vía judicial, todavía encendido en estas horas, hacia el partido Semillas con el objeto de excluirlo de la contienda. Tal operación paradójicamente, hasta ahora, ha jugado en favor de Arévalo que ha experimentado un crecimiento exponencial de su notoriedad. La Iglesia católica advirtió sobre los riesgos de esa práctica “El bien común … no se alcanza solo cumpliendo el ordenamiento jurídico, sino con sentido ético y moral, de parte de todos. De otro modo el empleo inmoral del ordenamiento legal se convierte en instrumento por el que el Estado se destruye a sí mismo.” (comunicado de la CEG, 13-07-23) En el mismo sentido, contrario a la judicialización del proceso y de respecto por el voto de los ciudadanos, se ha manifestado un sinfín de organizaciones de la sociedad civil. Pero ello no ha sido suficiente para disuadir a Consuelo Porras, fiscal general y a su aliado el juez Séptimo Penal, Fredy Orellana de continuar en el hostigamiento, lo cual, de tener éxito sería una herida mortal para la endeble democracia guatemalteca.